CHIHUAHUA.- Al manifestarse durante el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, familias buscadoras de Chihuahua reprocharon que la gobernadora María Eugenia Campos no las haya atendido personalmente.
“Las familias no pedimos un evento de cortesía. Exigimos ser escuchadas directamente por quien encabeza el Poder Ejecutivo”, indicaron en un posicionamiento familiares y colectivos acompañados por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM).
En la Cruz de Clavos, frente a Palacio de Gobierno, a donde llegaron luego de marchar desde el Sagrado Corazón de Jesús, denunciaron que el 7 de agosto solicitaron formalmente una audiencia pública con la gobernadora, conforme a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua para presentar propuestas de política pública y presupuesto, así como exigir cuentas sobre las labores de búsqueda e identificación forense.
Sin embargo, recibieron una sustitución de su petición por un encuentro convocado por otras autoridades, sin la presencia de Campos.
El sábado, la Fiscalía General del Estado (FGE) encabezó una reunión con parientes de personas desaparecidas, a la que no asistieron unas 500 familias que reciben acompañamiento del CEDEHM.
Con fotografías y fichas de personas desaparecidas, familiares, colectivos y organizaciones de derechos se movilizaron por las calles de la ciudad para visibilizar la crisis de desapariciones y exigir a las autoridades resultados concretos en las investigaciones y la búsqueda de sus seres queridos.
Recordaron que detrás de cada nombre hay una historia, una familia que espera y una búsqueda que no se detiene.
En distintos estados del país, recordaron, las familias enfrentan desapariciones, violencia, amenazas y riesgos durante las búsquedas, por lo que las autoridades no pueden responder con puertas cerradas, reuniones improvisadas o actos que sustituyan el diálogo que las víctimas exigen.
El sábado, en Sinaloa, Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, fue atacada a balazos junto con su hija; ambas se encuentran bajo atención y resguardo de las autoridades.
“Lo ocurrido en Sinaloa nos recuerda, de la manera más dolorosa, por qué el Estado tiene la obligación de escuchar, proteger y garantizar nuestros derechos”, enfatizaron.
“No queremos más buscadoras asesinadas, no queremos más familias amenazadas, no queremos más impunidad, no queremos que buscar a nuestros desaparecidos sea una sentencia de muerte. No queremos seguir siendo ignoradas por la gobernadora Maru Campos ni por ninguna otra autoridad, local, estatal, federal o internacional, la búsqueda de nuestros seres queridos es un derecho”, recalcaron en el posicionamiento.
El CEDEHM dio a conocer que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), México ha superado ya las 135 mil personas desaparecidas y no localizadas.
“Se trata de una cifra dinámica que se actualiza permanentemente y que, lejos de representar únicamente un dato estadístico, da cuenta de miles de familias que viven diariamente con incertidumbre, dolor y la obligación de emprender búsquedas que corresponden al Estado”, indicó la organización en un comunicado.
En Chihuahua, el registro acumula miles de personas desaparecidas. Un corte del RNPDNO reportó más de 4 mil 300 personas desaparecidas en la entidad.
El CEDEHM exigió que las autoridades de Chihuahua reconozcan a las familias como sujetas de derechos y garanticen su participación efectiva en las políticas de búsqueda y desaparición.
“Que la Gobernadora de Chihuahua atienda personalmente la audiencia pública solicitada por las familias y cumpla con las obligaciones que establece la legislación estatal”, demandó.
“Una política de búsqueda que cuente con presupuesto suficiente, capacidades forenses, investigación efectiva y participación sustantiva de las familias”.
