CHIHUAHUA.- El Congreso de Chihuahua emitió la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional relativa a garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
El decreto LXVIII/RFCNT/0552/2026 VIII P.E. fue aprobado por 35 ayuntamientos, los cuales representan el 51.04% de la población del Estado, tomando como referencia el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
“Con esta acción se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 22 de la Constitución Política de Chihuahua, por ello fue emitida la declaratoria correspondiente, cual a la par del Decreto antes mencionado, se enviará al Poder Ejecutivo Estatal para su publicación en el Periódico Oficial del Estado”, dio a conocer el Congreso del Estado.
El decreto LXVIII/RFCNT/0552/2026 VIII P.E. fue aprobado por 35 ayuntamientos, los cuales representan el 51.04% de la población del Estado, tomando como referencia el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
“Con esta acción se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 22 de la Constitución Política de Chihuahua, por ello fue emitida la declaratoria correspondiente, cual a la par del Decreto antes mencionado, se enviará al Poder Ejecutivo Estatal para su publicación en el Periódico Oficial del Estado”, dio a conocer el Congreso del Estado.
De acuerdo con el propio decreto, la reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación, se indidó este día durante la sesión de la Segunda Diputación Permanente de la Sexagésima Octava Legislatura.
Con esta declaratoria, el Poder Legislativo formaliza el cumplimiento de la etapa constitucional correspondiente para que sean garantizados los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, como su libre determinación y autonomía, el derecho a estar políticamente representados, acceder a una educación con visión intercultural y que todas las niñas, niños y adolescentes indígenas se desarrollen en un ambiente enriquecedor, todos ellos compromisos ineludibles.
Con esta declaratoria, el Poder Legislativo formaliza el cumplimiento de la etapa constitucional correspondiente para que sean garantizados los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, como su libre determinación y autonomía, el derecho a estar políticamente representados, acceder a una educación con visión intercultural y que todas las niñas, niños y adolescentes indígenas se desarrollen en un ambiente enriquecedor, todos ellos compromisos ineludibles.
